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Politólogos Carabobeños por la Democracia: Un país paralizado, una crisis del transporte

En días recientes publique un relato en el blog que uso para los temas del espíritu. Su nombre era Terminal y relata las peripecias de un joven yuppie en un terminal de pasajeros. El cuento en realidad tienen como escenario el Terminal del Nuevo Circo de Caracas cuando este existía hará unos 25 años. Muchos de quienes me comentaron referían a la desastrosa situación de los terminales de pasajeros, sin percatarse, que la realidad actual no tiene nada que ver con la de aquel tiempo. Que hoy día es mucho peor. Ya no son los choferes quienes esperan por los pasajeros, sino los pasajeros que esperan las pocas unidades existentes. Ahora las incomodidades comienzan días antes, cuando hay que buscar efectivo para poder trasladarse, aunado a la propia dificultad de poder llegar al terminal en caso que no tengas quien te acerque, dadas las dificultades de acceder a una unidad de transporte colectivo y la casi inexistencia del servicio de taxi. Entre otras reflexiones y lo neurálgico que resulta para el desenvolvimiento de la ciudad el servicio del transporte público, fue que desde la asociación Politólogos carabobeños por la democracia, decidimos tomar posición sobre este tema. Presentamos nuestra posición.

La comunidad politológica carabobeña, se encuentra consternada por la gravísima crisis del transporte sufrida por los venezolanos y que, a todas luces, parece destinada a empeorar en el segundo semestre del año.

Así luce una parada en las ciudades venezolanas un día cualquiera

Según datos del Sindicato del Transporte de Carabobo, los municipios que integran la “Gran Valencia”, donde viven 1,8 millones de personas, solo posee 400 unidades de transporte operativas (busetas, bus, mini bus). Muchas empresas han recurrido a tener servicios de transporte privados y a contratar personal que viva en las adyacencias de sus instalaciones, por otro lado, muchos ciudadanos han decidido dejar sus empleos antes que correr el riesgo de subirse a las denominadas “perreras”. Sobre este particular, ya para Julio de 2018, el Comité de Usuarios del Transporte Público informaba, a través de su vocero, Luis Alberto Salazar, que se habían registrado 34 fallecidos y 250 heridos por el uso de “perreras”.

Esta crisis comenzó desde el momento en que los repuestos e insumos destinados al mantenimiento del parque automotor dejaron de ser una prioridad para la asignación de dólares preferenciales por parte del Estado Venezolano, en ese instante, la importación de esos productos pasó a realizarse a base del dólar cotizado en el mercado negro. El esquema tarifario del servicio de transporte público, aunque sus operarios sean empresas cooperativas y particulares, es aprobado por decreto y, en medio de una desmesurada demostración de demagogia, las tarifas se congelaron mientras que los repuestos se encarecían a diario. Resultado: Choferes sin vehículos, peatones sin transporte, todos paralizados. Aunque con “el pasaje más barato de América Latina”.

De las unidades acondicionadas para el transporte público a las “perreras”

Hoy, no solo los transportistas no logran reparar sus unidades, tampoco el motorizado, ni el poseedor de su auto propio,  tampoco la universidad puede arreglar “las iguanas”. Quizá, de continuar este hilo infinito de errores de diseño de políticas públicas, pronto las autopistas serán ocupadas por bicicletas, patines o patinetas antes que vehículos… no será por ecología, será por impericia gubernamental, por decadente corrupción y absoluta desidia. Y aun en ese instante, pensaremos que esas formas de transporte también requerirán repuestos y no los tendremos.

Los politólogos sabemos que una mala praxis médica puede matar a una persona, pero malas políticas pueden matar a pueblos enteros. Exigimos como gremio que el alto gobierno nacional tome conciencia de la gravedad de los perjuicios económicos que la paralización indefinida del transporte puede traer al país y se tomen las siguientes medidas correctivas:

  • Descentralizar (municipalizar) la competencia legal de fijación de precios a la tarifa del transporte público. Cada ciudad posee una realidad diferenciada y la municipalización de la discusión de tarifas entre usuarios, transportistas y gobierno puede brindar resultados con mayor celeridad si esta se celebra a nivel local.
  • La restitución de las competencias constitucionales al Banco Central de Venezuela (BCV) para que pueda dotarse de transparencia la política monetaria, se impongan límites a la financiación del déficit fiscal y, en consecuencia, la depreciación acelerada del tipo de cambio y la galopante inflación dejen de afectar perniciosamente la prestación del servicio de transporte público (entre muchísimas otros aspectos de la vida nacional)
  • Restituir las políticas de actualización de flota a través de créditos públicos dirigidos al sector transporte y en alianza con la industria ensambladora nacional.
  • Desbloquear en el Ministerio del Trabajo la discusión de la contratación colectiva en todas las empresas públicas y privadas para que sindicatos y patrones puedan incluir y aprobar, en sus discusiones, las reivindicaciones relativas a transporte de personal de manera perdurable, fiable y transparente.
  • Destinar fondos públicos al desarrollo de sistemas municipales de transporte escolar para evitar la deserción educativa.
  • Reiniciar la construcción, paralizada por distintos motivos, de los sistemas de transporte masivo como el Metro de Valencia para que finalmente puedan inaugurarse la totalidad de las estaciones previstas en el 2006.

Estas y otras medidas, para ser efectivas, deben ser tomadas en un contexto de normalización institucional. La ausencia tanto de legitimidad democrática como de apego a la constitución vigente resulta perjudicial para la toma de decisiones. No se puede gobernar por decreto, solo puede hacerse con consensos, concertación y discusión pública. Los politólogos carabobeños reiteramos nuestra disposición para colaborar con la nación en nuestro campo de trabajo, estamos al servicio del país y de sus ciudadanos.

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EL PAQUETE DE MADURO

En Venezuela, el vocablo paquete además de su uso normal refirió al conjunto de medidas tomadas en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez para enfrentar las dificultades económicas de la época caracterizada por una inflación estructural que rondaba los dos dígitos bajos, estancamiento económico y la pérdida de reservas internacional que apenas soportaba algo más de un mes de importaciones. El programa de aquel entonces contemplaba reestablecer los equilibrios económicos a través de las siguientes medidas: liberación de los precios de los bienes y servicios regulados a través de controles de precios, liberación de las tasas de interés procurando tasas reales positivas, sinceración de las tarifas de los servicios públicos, por lo general atendidos por el Estado y con tarifas subsidiadas, incremento del precio de la gasolina, reducción del tamaño del estado a través de un programa de privatizaciones de empresas públicas, incrementos de los ingresos del sector público a través de la implantación del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley de Activos empresariales, liberación del mercado cambiario y apertura comercial con la reducción de aranceles y la eliminación de las barreras para-arancelarias. Este conjunto de medidas, junto con la reforma del Estado fue lo que el gobierno de aquel entonces denominó como El Gran Viraje, pero que la población comenzó a llamar el paquete económico (aludiendo a que eran muchas medidas) y a su principal propulsor le dio el mote de Miguel “paquetico” Rodríguez.

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Miguel Rodríguez: Principal promotor del Programa de Ajuste del segundo gobierno de Pérez. Justo cuando se veían los beneficios del Plan, el intento de golpe de Estado terminó sacándolo del gabinete y el programa perdió su efectividad.

A pesar de las dificultades iniciales (el levantamiento popular conocido como “El Caracazo” tuvo como detonante los incrementos del pasaje como consecuencia del incremento del precio de la gasolina, la inflación en primer año alcanzó el 80% anual), el programa tuvo relativo éxito. A los dos años de la puesta en marcha el programa de ajuste la economía crecía y la inflación se reducía, las reservas internacionales se fortalecieron y la venta de la empresa telefónica Cantv se convirtió en un símbolo al venderse a un precio muy superior a las expectativas del momento. Sin embargo, la población se resintió de los efectos iniciales del plan, la desigualdad social se incrementó, muchas empresas quebraron al no poder competir con productos foráneos. Finalmente el intento de golpe de estado y el incremento del riesgo país, elevaron las tasas de interés haciendo imposible la inversión privada, la salida de Miguel Rodríguez del gabinete y finalmente la destitución de Carlos Andrés Pérez terminó con el llamado Gran Viraje.

Ahora con una situación muchísimo más grave que la que diera lugar al Gran Viraje, en plena espiral inflacionaria, que el Fondo Monetario Internacional advierte que pudiera cerrar el año con la cifras de 1.000.000% en los incrementos de precio, con una economía que se ha reducido en más de la mitad en los último cuatro años, una población empobrecida y en fuga, con el país en riesgo de inmovilizarse por los problemas de transporte público, y sin efectivo para poder realizar las operaciones de menudeo, el gobierno decide implementar lo que el eufemísticamente llama “Programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica”.

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Nicolás Maduro, el mandatario del paquetazo.

El conjunto de medidas son las siguientes:

  1. Reconversión monetaria y emisión de un nuevo cono monetario: Medida necesaria en toda economía hiperinflacionaria que tendría dos objetivos: facilitar los cálculos tanto contables como en las operaciones diaria, al reducir los montos de intercambio al eliminar 5 ceros a la moneda y con la emisión de nuevas monedas y billetes aliviar el déficit de efectivo que sufre la población. La medida establece una unidad monetaria mínima con una moneda de valor facial de BsS de 0,5 equivalentes a BsF. 50.000 y un máximo de Bs.S. 500 equivalente a Bs.F. 50.000.000
  2. Las políticas anti-inflacionarias: El intento de equilibrar los precios está contenida en dos propuestas: la primera anclar la emisión de circulante a la cantidad de Petros existentes en la economía mundial y la segunda fortalecer las reservas internacionales a través de la de entregar, a través de Pdvsa, del Bloque Ayacucho II de reservas petroleras certificadas, consistente en 29 mil 298 millones de barriles petroleros certificados.
  3. La política cambiaria: Consiste en la despenalización de la compra de divisas por parte de particulares y empresas.
  4. Estímulo a las inversiones: Con la exención de los impuestos de importación de materias primas, repuestos y bienes de capital.
  5. Política sectorial de transporte: De la cual solo menciona que habrá un censo de vehículos de terrestre y que debe vincularse esta actividad a la tenencia del carnet de la patria.
  6. Incremento del precio de la gasolina.

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Para los actuales momentos nadie sabe los nuevos precios de la gasolina y como va a operar el subsidio.

Examinemos brevemente estas decisiones:

  1. La reconversión monetaria y la emisión de nuevos billetes surge como una decisión absolutamente necesaria para facilitar la contabilidad y los cálculos en las transacciones comerciales. Sin embargo, detrás de esta medida se encuentra un verdadero ajuste, cuando la mínima unidad monetaria será de Bs.S. 0,5, es decir Bs.F. 50.000. Eso en la práctica significaría un incremento en los precios de la gasolina, los servicios públicos y del transporte colectivo al ajustarse a lo mínimo que se puede cobrar, es decir Bs.S, 0,5. De momento el gobierno como medida temporal, ha permitido la existencia del cono monetario vigente, precisamente para evitar el alza desmedida en estos rubros. Por otra parte, los potenciales beneficios de la reconversión, depende del éxito de la política anti-inflacionaria, ya que de no resultar, en pocos meses, estaremos en una situación similar o peor que la que vivimos actualmente.
  2. Anclar la moneda en el Petro, es el intento de realizar una caja de conversión, “similar” a las que permitieron contener la inflación en Argentina o en Nicaragua. Una caja de conversión es un compromiso de emitir solamente la cantidad de dinero respaldada por activos externos, que en esos casos fueron los dólares disponibles en sus respectivas Bancos Centrales. Ahora bien, cuando en Argentina se estableció la caja de conversión, los poseedores de pesos argentinos sabían que tenían un monto equivalente en dólares con el cual podían realizar las operaciones en el mercado internacional. En el caso venezolano, una persona natural al adquirir un bolívar este tendría su equivalencia en petro y a su vez el petro tendría su equivalencia en alguna divisa, esto estaría bien si el gobierno no tuviera control de la emisión de la “Criptomoneda” Petro. Pero al ser el mismo gobierno el emisor, no existe ninguna garantía que el gobierno incremente la emisión de Criptomonedas a fin de seguir monetizando la economía, único mecanismo que el gobierno ha conseguido para pagar sus compromisos internos. Por otra parte, habría que ver hasta qué punto el incremento de las reservas por la entrega de campo petrolero, permitirá al gobierno venezolano generar confianza en los mercados internacional para reducir el índice de riego país y permitir el acceso del gobierno al crédito internacional.
  3. Hasta los momentos ha sido bien recibida por los agentes económicos la despenalización del mercado cambiario. Esto significa que cualquier particular podría acceder a una casa de cambio y cambiar cualquier cantidad de divisas al precio del cambio del día. Sin embargo, hasta el momento todo apunta a un cambio dual de divisas, es decir, unas divisas subsidiadas para las importaciones que el gobierno considere esenciales, y adonde irán a para la mayor parte de las divisas disponibles y un mercado paralelo legal, que en ausencia de oferta de divisa, seguirá incrementándose.
  4. El gobierno yerra al pensar que la ausencia de inversiones en el país ocurre por la creencia de los inversionistas se debe a la poca rentabilidad de la inversión y que por tanto, si esta se abarata reduciendo el pago de importaciones, estas se incrementarían. La realidad es otra, los agentes económicos internacionales no invierten por la ausencia de reglas claras, por la asfixia regulatoria, porque no depende de los empresarios las políticas de precios, distribución, o de retiro de personal, así como la inexistencia de un mercado, dada la abrupta caída del poder de compra de los consumidores venezolanos. En lugar de exenciones impositivas lo que convendría es un amplio programa de libertades económicas, hoy totalmente ausentes.
  5. Con relación al tema del transporte. El problema fundamental es la mengua de unidades de transporte, tanto público como particular, debido al incremento de los costos de los repuestos. En el caso del transporte público las tarifas no cubre los costos, en el caso de los particulares la pérdida del poder adquisitivo es la causa principal. Ante la imposibilidad en el corto plazo de recuperar los salarios reales y de ajustar las tarifas de transporte público, el gobierno opta por la vía del subsidio. En este caso, el censo de vehículos suena como una medida acertada, ya que si bien, el gobierno debe conocer la magnitud del parque automotor, no es de su conocimiento el estado actual de ese parque, es decir cuántos vehículos se encuentran operativos y cuál es la condición de los vehículos en circulación. Sin embargo cuando vinculan el censo a la obligatoriedad de inscribirse en el registro del carnet de la patria, de alguna manera promueve a la autoexclusión de quienes no se sienten identificados con el gobierno y por tanto imposibilitados de los posibles beneficios de un programa de subsidio de vehículos.
  6. La última medida, tomada semanas después de los primeros anuncios, revelan la intención del gobierno de incrementar el precio de la gasolina y ubicarla a valor de los “precios internacionales” pero con un precio subsidiado para aquellos que estén registrado en el carnet de la patria. Por un lado, hay que reconocer la necesidad del ajuste de precio y en principio, en otras circunstancia económicas, sería una medida normal, vender la gasolina a un precio que permita a los gobiernos aprovechar las ganancias para la producción de bienes públicos y a su vez evitar el contrabando. Sin embargo, el gobierno reconoce la imposibilidad de la mayor parte de los venezolanos de poder adquirir la gasolina a precios internacionales y por tanto prefiere generar un sistema dual de precios, el cual traerá como consecuencia, la corrupción en el mercado interno (ya en las fronteras es rutinario), generación de un mercado negro de la gasolina con el consabido riesgo para los comerciantes (manejo de productos altamente volátiles sin las condiciones de seguridad requerida), aumento de la asimetría de información de los consumidores (por ejemplo gasolina mezclada con agua u otros componentes usados para rendir la gasolina). Otro mecanismo sería una compensación por el lado de los ingresos para los poseedores de los vehículos. Es este caso, no hay ninguna garantía que sea utilizado solamente por los poseedores de vehículos o de quien pueda acceder al sistema. En cualquier caso, el sistema tenderá a corromperse.

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La apuesta anti-inflacionaria se encuentra atada al anclaje del Petro, pero lamentablemente, esta variable también puede ser manipulada por un gobierno en apuros financieros.

Conclusión

El “Programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica” no es un programa estructurado para generar los equilibrios económicos, sino por el contrario tiene todas las características de un experimento, sin ninguna garantía de éxito, y que por el contrario, parece incrementar aún más las distorsiones de la economía nacional.

P.S. Este artículo se terminó de escribir el día Viernes, horas antes de que el Presidente Nicolás Maduro anunciara otro conjunto de medidas, que incluye, entre otras cosas, el establecimiento formal de una tasa de cambio valorada a BsS.  60 por Us$,  un salario mínimo de BsS. 180 lo que representa un incremento de 5900%, además de otras medidas de carácter impositivo como reducción de los tiempos pagos anticipados y el incremento del IVA a 16%. La reducción de los tiempos es razonable en períodos de alta inflación, pero por otra parte, la política impositiva luce contradictoria, puesto que por un lado se exime de impuesto a las empresas importadoras y a PDVSA, pero se pecha a los consumidores. Consideramos que el impacto de las políticas sobre los precios, será devastador para las ya empobrecidas finanzas de los venezolanos, tanto por el incremento de los costos debido a la dolarización de hecho de las materias primas, el incremento de los costos laborales y porque el gobierno, al no contar con recursos para pagar sus incrementos se verá obligado a monetizar, inyectado una masa de dinero enorme, que dejará por lo menos en los primeros meses, el efecto esperado del anclaje monetario. No es difícil pronosticar un importante cierre de empresas  y un mayor empobrecimiento de la población, que verá como ese incremento salarial desmejora su calidad de vida y lo lleva a una condición de extrema vulnerabilidad. 

Persisten las causas para protestar

Andrea Cristina Hernández || achernandez@el-carabobeno.com

El Día de Reyes comenzando 2015, conatos de saqueos en Guarenas [cuna del “Caracazo” en el 89], La Urbina y Altos Mirandinos. Grupos de personas intentaron entrar a la fuerza a varios supermercados. Seis días después [el 12], las tensiones por la llegada de pañales y jabón en polvo terminaron en disturbios entre clientes que saquearon el establecimiento de una reconocida cadena de farmacia en Las Mercedes, ciudad de Maracaibo. Ese mismo día, las redes sociales daban cuenta que en la Universidad Católica del Táchira ocurrían fuertes enfrentamientos entre estudiantes y efectivos policiales, con saldo de 30 heridos, 5 de ellos de gravedad.

En la transitada Avenida Bolívar, Betty Rea mostró su preocupación por la caldeada atmósfera. “Veo mal la situación. No se consigue nada, tenemos que hacer cola para todo. ¡Esto nunca se había visto! El año pasado no participé en ninguna manifestación. Si protestara [lo dijo no muy convencida] lo haría por mi hijo que necesita pañales y leche”. Tony Muñoz, apercibido de la encuesta, intervino: “La culpa es de Procter & Gamble que acapara los productos…Sí. El país está mal, pero por causas foráneas. Uribe desde Bogotá, los cubanos de Miami…es la estrategia de los conspiradores, de una oposición empecinada en derrotar al Gobierno.”

-¿Considera que hay causas para protestar?

– Claro que hay que protestar, pero no como el año pasado que fueron provocaciones, contestó el señor Muñoz.

Ambos, preocupados por la situación del país, coincidieron que la inseguridad y la escasez de productos los afectan.

Para el politólogo Yván Serra, a la situación estructural del país signada por pobreza e inseguridad, se añade “una crisis económica severa”. Describió los escenarios que marcaron la crisis del 83, cuando se devaluó la moneda por primera vez y la similitud en el año 89 cuando asumió la presidencia Carlos Andrés Pérez. “Había una caída importante de inventarios, se intentó aplicar el paquete económico y se produjo el “Caracazo”.

– Durante el paro petrolero del 2002, aunque la economía estaba parada por voluntad de los actores políticos, no se alcanzaron los niveles de desabastecimiento de ahora, puntualizó Serra.

Próximo a cumplirse un año de la ola de protestas del 12F, motivadas por la crisis económica y de servicios públicos, altos índices delictivos, corrupción y represión por parte de los organismos de seguridad del Estado ¿Han desaparecido las causas que las impulsaron?

Las estadísticas son reveladoras: El 2014 cerró con 24 mil 980 homicidios, un ascenso de 79 a 82 asesinatos por cada 100 mil habitantes, en comparación al 2013, con un total de 24 mil 700 asesinatos, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Cifras que ubican a Venezuela como el segundo país con tasa de homicidios más alta del mundo, superado por Honduras.

¿Cuáles motivos? Los estudiantes universitarios [muchos de ellos trabajadores y vecinos] fueron claves en la manifestación del descontento. Los motivos variados: 52% en rechazo al gobierno de Maduro y 48% por conflictos habituales sin nexo político, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Para el activista político Julio “Coco” Jiménez es necesario entender cómo estaba Venezuela para ese entonces. “Teníamos un año experimentando los primeros indicios de la escasez, del aumento de la criminalidad y el alto costo de la vida por la explosión inflacionaria. El 11 de febrero de 2014 no sólo es heredera de la muerte de Chávez, sino de las implicaciones del Dakazo [noviembre 2013]. Las condiciones del hastío social estaban ejerciendo presión en distintas direcciones”.

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(Foto Archivo/El Carabobeño)

El año pasado fue un récord difícil de superar, expresó el coordinador general del OVCS, Marco Ponce. “En el último trimestre observamos que las protestas por el derecho a los alimentos marcaron presencia en todo el territorio nacional. Comenzando este 2015 las causas se mantienen. Hemos contabilizado que se han agudizado las vinculadas a la alimentación y servicios básicos como luz, agua y aseo urbano”.

Desesperanza

¿Qué está experimentando la psiquis social de los venezolanos? “Vacíos espirituales”, plantea el profesor en Ciencias Sociales, Pavel Oropeza. “Ocurre cuando se ha creído en algo y te das cuenta que es una falacia absoluta. Le pasa a gran parte de la población que se identificaba hasta hace poco como ‘chavistas’, al darse cuenta que es ficticia la oferta de hace 14 años de alcanzar la estabilidad económica y política. También hay mucha desesperanza aprendida, ciudadanos que no salen a luchar por sus derechos, porque están convencidos que no vale la pena, porque todo permanecerá igual”.

¿Se está viviendo un clima parecido al que originó el Caracazo? “Es peor que en 1989. En aquel entonces nadie esperaba una explosión social, hoy es un escenario posible”, reflexiona Yván Serra.

¿Por qué el gobierno no toma la medida del precio de la gasolina?, se pregunta el politólogo y se responde: “Por miedo al Caracazo y a sus consecuencias. Pero mientras más se posterguen los ajustes económicos necesarios, será peor”.

“Estamos cayendo al borde de la histeria, la gente busca y busca almacenar qué comer aunque tenga en la casa. Un fenómeno en aumento y peligroso, porque un cuadro de histerismo colectivo, fácilmente lleva a una explosión social”, sostiene Oropeza. “La explosión social no solamente es el acto de violencia, sino que incluye elementos políticos e ideológicos que mueven en ese instante a la masa. Es evidente que en los últimos 15 años se profundizó el odio y la división entre venezolanos”, advirtió.

Desde su experiencia como investigador de manifestaciones sociales, Marco Ponce no aprecia elementos que pudiesen fortalecer ese tipo de eventos, aunque reconoce que están dadas las condiciones para “el descontento y un gran movimiento social”.

-La crisis económica se acentúa, los precios de petróleo bajando, la inflación subiendo debilitando el poder adquisitivo. El Gobierno tiene una gran responsabilidad, como la tuvo en el 2014 para superar estos déficits. Lo ideal sería no llegar a escenarios lamentables como la desviación del hilo constitucional.

En Albores De Febrero

En 106,4% aumentó la canasta alimentaria familiar en un año [diciembre 2013-diciembre 2014] y al menos 41 productos escasearon, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). Un caldo de cultivo para que “en las próximas semanas se produzcan manifestaciones en las mismas condiciones, en derechos sociales vinculados con una demanda puntual de renuncia de algún representante de los poderes públicos, presidente o algún ministro”, visualiza el investigador Ponce.

A juicio de Julio “Coco” Jiménez, el descontento se segmenta en un número inmenso de minorías que sin conducción, no termina de amalgamarse para generar la presión social que induzca a los cambios que se reclaman.

-Esa indignación ascendente va a buscar formas de liberarse, no sé si en protestas violentas o en las urnas electorales, o por el contrario nos quedaremos en un estado de acostumbramiento a este modo de vida, producto del miedo y la desesperanza, concluyó.

Entre quejas y espera por mejoras

Geraldín Rosales: “La situación del país es desastrosa. La inseguridad, las colas, cada día es peor…No protesté el año pasado por miedo, porque hubo estudiantes muertos. Les digo a las personas que abran los ojos y despierten”.

Humberto Ortiz García: “Estoy preocupado y esperando que se tomen medidas definitivas para corregir este caos, porque todas las clases sociales estamos pasando por el problema de escasez e inseguridad. En comparación al año pasado estamos peor; creo que los políticos no hacen mercado como lo hacemos la clase común de personas. El gobierno no ve la protesta como un derecho ciudadano. Uno de los tremendos errores que se hicieron aquí fueron las guarimbas, eso no nos ayudó a ninguno. Ese no es el camino, siempre hay que respetar la constitución de lado y lado”.

José Reinaldo Feo: “No estoy de acuerdo con lo que está pasando. Uno se tiene que sacrificar más de la cuenta… Lo que está es lo que puedes tener y no lo que verdaderamente quieres. Pero, no participaría en movilizaciones porque tengo que terminar mi carrera. Todo es porque el gobierno está tomando malas decisiones que no ayudan a las necesidades del país”.

Andreína Alvarenga: “Nos afecta la delincuencia, escasez, la falta de dinero y dólares. Me siento triste de ver a Venezuela cada día decayendo. Nosotros los profesionales cada vez vamos disminuyendo en el ámbito laboral. Estoy de acuerdo con las protestas, mas no con las guarimbas. Hay que seguir en la lucha”.