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EL COSTO DEL RECURSO HUMANO EN LA VENEZUELA DE LA HIPERINFLACIÓN. UNA PROPOSICIÓN ATREVIDA

Es una regla dorada de la condición humana que cada quien busque lo mejor para sí mismo. Por tanto, no debe extrañarnos que sea la oferta y la demanda donde se establezcan los precios de cualquier economía, con los oferentes pujando por vender a mayores precios y los demandantes por bajarlos. En el mercado laboral ocurre lo mismo, el precio lo establece una puja donde los trabajadores, que en este caso son los oferentes, intentan lograr mejores salarios y los empresarios, que en este caso son los demandantes, intentan conseguir que estos sean los menores posibles.

Una subasta es un caso de una puja para establecer un precio.

Un empresario estaría dispuesto a bajar el precio de una mercancía para obtener una venta, siempre y cuando este no se encuentre por debajo, de al menos, su costo de producción. En una economía inflacionaria, éste sería sustituido por lo que cuesta reponer el producto. Esta también debe ser la regla en el mercado laboral. Los trabajadores no deberían aceptar salarios menores a los que representaría su valor de producción. Ahora ¿cuál es el costo de producción de un trabajador en una economía inflacionaria?

En la economía venezolana actual el salario siempre será muy costoso para el trabajador e insuficiente para el trabajador.

Existen dos interpretaciones para determinar el valor del trabajo. Un liberal establecería que el salario estaría dado por aquella cantidad que supere los beneficios de un trabajador inactivo de mantenerse ocioso. Un marxista diría que es la cantidad que permite al trabajador reproducirse materialmente, en el modo de producción capitalista, para seguir su jerga. En una economía estable, por lo general la primera regla, subsume la segunda, y por tanto la lucha por mejores salarios, no es por la supervivencia, sino por lograr una mejor calidad de vida.

En economía más deprimidas, los trabajadores deben competir con los desempleados, en una situación donde cualquier sueldo compensaría los beneficios del ocio, y ocasionando que las remuneraciones bajen tanto que no puedan ni siquiera garantizar las condiciones mínimas para la reproducción. Para evitar este hecho, los gobiernos establecen salarios mínimos que garantizan al menos que los trabajadores puedan proveerse de algunos bienes esenciales que garanticen su vida y su reproducción material. Estas compensaciones por lo general se pagan y no crean mayores desajustes económicos, afectando fundamentalmente a los desempleados.

Altos niveles de desempleo constriñe los salarios.

La situación en Venezuela, dista mucho de ambos criterios. La hiperinflación está pulverizando el valor del trabajo y las leyes laborales nunca alcanzan el incremento de los precios. Hoy día, un salario mínimo con el bono alimentario incluido, no alcanza ni siquiera para la alimentación del trabajador y su familia. El gobierno para compensar, incrementa el salario mínimo y el bono compensatorio con una frecuencia bimensual, pero los precios se incrementan diariamente. Al momento de ser decretado el aumento salarial, el trabajador es de hecho más pobre, puesto que al día siguiente los empresarios incorporan en sus costes de producción los incrementos salariales, mientras que el trabajador debe esperar la próxima quincena para cobrar un aumento ya devaluado.

A pesar de los incrementos nominales de salarios, este esta gráfica refleja la caída del salario real. Fuente: Giorgo Cunto, Prodavinci.

Mi consideración es que los empresarios deben desvincular los costos laborales del patrón del salario mínimo y establecerlo basado en alguna referencia de precio estable, por ejemplo, el precio del dólar y que este se encuentre concatenado en una canasta básica de bienes y servicios. De tal manera que el trabajo pague al menos los siguientes elementos: una dieta balanceada del trabajador y de sus familiares dependientes (calculado de acuerdo al promedio del grupo familiar en Venezuela), unos gastos mínimos que requiere la vida cotidiana como gastos del hogar, de higiene y limpieza, alguna provisión para los gastos de salud y vestido y, el precio del transporte.

Las proteínas son esenciales para la vida humana, y cada día se están consumiendo meno en la dieta de los trabajadores.

¿Que estos nuevos salarios afectarán el valor de los bienes y servicios? Seguramente. Pero esto no es lo que hacen, cuando calculan el precio de las materias primas importadas o las nacionales que tienen un alto componente importado. No están, ya de hecho, siendo afectados por los incrementos de precios provocados por la emisión irresponsable de dinero. Así por lo menos, mientras dure la crisis, podemos garantizar una fuerza laboral motivada y productiva o por lo menos viva.

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LOS PERDEDORES

Con la aprobación del Decreto con rango y valor de ley del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, este señor sale perdiendo.

Dice un viejo refrán que no hay almuerzo gratis, es decir, después de una comilona alguien siempre tiene que pagar la cuenta. Por lo general esto también es  así en políticas públicas y más aún, en una economía como la venezolana, donde escasean los incentivos para la productividad por paradigmas de carácter ideológicos. En esta situación las cabezas de las empresas destinan la mayor parte de esfuerzos pensando en como protegerse, en lugar de dedicarse a incrementar la producción y por tanto el empleo.

No es el caso diferente con la reforma a la Ley del Trabajo decretada por el presidente de la República, luego de una desviada interpretación de un muy servil Tribunal Supremo de Justicia a los deseos del primer mandatario, de la muy cuestionada Ley Habilitante del año 2010. De allí parte la primera irregularidad, el sacar del escenario político natural la discusión de la Ley, que es la Asamblea Nacional, y remitirla a una comisión presidencial, y evitar una real discusión para un nuevo marco laboral en un espíritu de consenso y no de lucha de clases, que solo esta en la cabeza del gobierno.

La falta de discusión de los puntos de la ley, le resta legitimidad, sobre todo, cuando es una materia que afecta los intereses de prácticamente todos los venezolanos, puesto que no existe nadie que de alguna manera no mantenga alguna relación de carácter laboral, bien sea como trabajador dependiente, trabajador no dependiente, empleador o como potencial trabajador o empleador.

Nadie niega que las relaciones laborales deban contar con un marco jurídico rector. Las posibilidades de establecer relaciones que bien pudieran llamarse de explotación, es un riesgo, que los desempleados están en condición de aceptar, si esto le garantiza algunos ingresos mínimos. Pero tampoco hay que crear rigideces que les impida a las empresas crecer y generar mayores empleos. Sobre todo si se comprende que en Venezuela, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, para marzo de este año la tasa de desocupación se encontraba en 7,1%, pero la tasa de ocupados en empleos informales alcanzó el 41,3%. Es decir un total de 48,4% de la población activa en condiciones de desempleo o subempleo.

Sin embargo no vale la pena llorar por la leche derramada, la ley está vigente y los que nos queda es analizar, quien pagará el almuerzo. Si suponemos que son los trabajadores formales quienes se meten la comilona, ¿quien la paga? Los mismos trabajadores, los empresarios, los consumidores o aquellos que se encuentran fuera de la situación laboral formal, entiéndase los desempleados o trabajadores informales. Veamos:

Por un lado los que parecen sacar mayor provecho de la legislación son los trabajadores formales, puesto ellos obtienen todas las ventajas que se les otorga con la nueva legislación. Ahora como es bien sabido, los paquetes salariales están conformados por una parte por una remuneración periódica vía sueldo, salario u honorario y por otra parte por aquellos beneficios derivados de la ley o de las contrataciones colectivas. Si la previsión presupuestaria de las empresas, cuya variable principal es el ingreso por ventas, lleva a destinar parte de estos ingresos a cancelar los compromisos contractuales, puesto que las otras partes están comprometidas en el proceso productivo, la solución para las empresas para ajustarse a las nuevas obligaciones se encuentra en hacer más rígidas las erogaciones para cancelar sueldos y/o salarios. Es decir los trabajadores pagan los beneficios adquiridos a cambio de menores ingresos en el futuro o perdida de salario real.

Pero si no fuera posible mantener estables los sueldos por las exigencias del mercado o de decretos de aumentos salariales compulsivos, la solución estaría en incrementar los ingresos por ventas para aumentar así la disponibilidad de efectivo, para hacer frente a las nuevas exigencias. Pero como se sabe los ingresos por ventas depende a su vez, de dos variables, la cantidad de productos vendidos y el precio de los mismos. En un escenario de estancamiento económico, que ha sido la constante en este país en los últimos treinta años, la solución estaría en el incremento de los precios, con lo cual la ganancia de los trabajadores estaría compensada por una pérdida de los consumidores.

Pero sino fuera posible aumentar los precios, debido a los controles ocasionados por la ley de costos y precios justos, los perdedores se repartirían entre los consumidores por escasez de productos y los trabajadores, puesto que si no logra mantenerse la operatividad de las empresas, el resultado final sería la perdida de puestos de trabajo.

También es posible que los montos a derogar por las empresas, salgan de las utilidades de las empresas. Esto no sería ningún problema, si no fuera por el hecho que las nuevas inversiones por lo general surgen de las ganancias de las empresas. El verdadero problema de fondo en Venezuela desde hace más de treinta años, ha sido la parálisis de las inversiones y precisamente, esta no es una ley que la promueva.

Pero los que realmente pierden son aquellos que se encuentran excluidos del decreto con rango y fuerza de ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadores, es decir y perdonen la cacofonía, los que no son trabajadores o trabajadoras amparados en una situación de empleo formal. Con el cerco legal que sufren las empresas, poco son los incentivos para la inversión y por tanto, se hace aún más difícil, que los que actualmente se encuentran desfavorecidos mejoren su situación, ingresando al mercado formal de trabajo.

Leo la norma, y parece obvio que no se cumple el principio de compensación de Kaldor – Hicks a la hora de implantar una política pública: Que los ganadores puedan compensar a los perdedores, sencillamente en esta norma, son pocos los  ganadores y si, muchos los perdedores.

Será que en algún momento, cambiará la mentalidad paternalista de nuestros gobernantes y se entenderá que no será con nuevas leyes o controles que se mejorará la situación de los trabajadores, sino con crecimiento en una economía diversificada  con bases reales y libertad económica, esa que desde hace algún tiempo, no existe en Venezuela.