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Politólogos Carabobeños por la Democracia: Un país paralizado, una crisis del transporte

En días recientes publique un relato en el blog que uso para los temas del espíritu. Su nombre era Terminal y relata las peripecias de un joven yuppie en un terminal de pasajeros. El cuento en realidad tienen como escenario el Terminal del Nuevo Circo de Caracas cuando este existía hará unos 25 años. Muchos de quienes me comentaron referían a la desastrosa situación de los terminales de pasajeros, sin percatarse, que la realidad actual no tiene nada que ver con la de aquel tiempo. Que hoy día es mucho peor. Ya no son los choferes quienes esperan por los pasajeros, sino los pasajeros que esperan las pocas unidades existentes. Ahora las incomodidades comienzan días antes, cuando hay que buscar efectivo para poder trasladarse, aunado a la propia dificultad de poder llegar al terminal en caso que no tengas quien te acerque, dadas las dificultades de acceder a una unidad de transporte colectivo y la casi inexistencia del servicio de taxi. Entre otras reflexiones y lo neurálgico que resulta para el desenvolvimiento de la ciudad el servicio del transporte público, fue que desde la asociación Politólogos carabobeños por la democracia, decidimos tomar posición sobre este tema. Presentamos nuestra posición.

La comunidad politológica carabobeña, se encuentra consternada por la gravísima crisis del transporte sufrida por los venezolanos y que, a todas luces, parece destinada a empeorar en el segundo semestre del año.

Así luce una parada en las ciudades venezolanas un día cualquiera

Según datos del Sindicato del Transporte de Carabobo, los municipios que integran la “Gran Valencia”, donde viven 1,8 millones de personas, solo posee 400 unidades de transporte operativas (busetas, bus, mini bus). Muchas empresas han recurrido a tener servicios de transporte privados y a contratar personal que viva en las adyacencias de sus instalaciones, por otro lado, muchos ciudadanos han decidido dejar sus empleos antes que correr el riesgo de subirse a las denominadas “perreras”. Sobre este particular, ya para Julio de 2018, el Comité de Usuarios del Transporte Público informaba, a través de su vocero, Luis Alberto Salazar, que se habían registrado 34 fallecidos y 250 heridos por el uso de “perreras”.

Esta crisis comenzó desde el momento en que los repuestos e insumos destinados al mantenimiento del parque automotor dejaron de ser una prioridad para la asignación de dólares preferenciales por parte del Estado Venezolano, en ese instante, la importación de esos productos pasó a realizarse a base del dólar cotizado en el mercado negro. El esquema tarifario del servicio de transporte público, aunque sus operarios sean empresas cooperativas y particulares, es aprobado por decreto y, en medio de una desmesurada demostración de demagogia, las tarifas se congelaron mientras que los repuestos se encarecían a diario. Resultado: Choferes sin vehículos, peatones sin transporte, todos paralizados. Aunque con “el pasaje más barato de América Latina”.

De las unidades acondicionadas para el transporte público a las “perreras”

Hoy, no solo los transportistas no logran reparar sus unidades, tampoco el motorizado, ni el poseedor de su auto propio,  tampoco la universidad puede arreglar “las iguanas”. Quizá, de continuar este hilo infinito de errores de diseño de políticas públicas, pronto las autopistas serán ocupadas por bicicletas, patines o patinetas antes que vehículos… no será por ecología, será por impericia gubernamental, por decadente corrupción y absoluta desidia. Y aun en ese instante, pensaremos que esas formas de transporte también requerirán repuestos y no los tendremos.

Los politólogos sabemos que una mala praxis médica puede matar a una persona, pero malas políticas pueden matar a pueblos enteros. Exigimos como gremio que el alto gobierno nacional tome conciencia de la gravedad de los perjuicios económicos que la paralización indefinida del transporte puede traer al país y se tomen las siguientes medidas correctivas:

  • Descentralizar (municipalizar) la competencia legal de fijación de precios a la tarifa del transporte público. Cada ciudad posee una realidad diferenciada y la municipalización de la discusión de tarifas entre usuarios, transportistas y gobierno puede brindar resultados con mayor celeridad si esta se celebra a nivel local.
  • La restitución de las competencias constitucionales al Banco Central de Venezuela (BCV) para que pueda dotarse de transparencia la política monetaria, se impongan límites a la financiación del déficit fiscal y, en consecuencia, la depreciación acelerada del tipo de cambio y la galopante inflación dejen de afectar perniciosamente la prestación del servicio de transporte público (entre muchísimas otros aspectos de la vida nacional)
  • Restituir las políticas de actualización de flota a través de créditos públicos dirigidos al sector transporte y en alianza con la industria ensambladora nacional.
  • Desbloquear en el Ministerio del Trabajo la discusión de la contratación colectiva en todas las empresas públicas y privadas para que sindicatos y patrones puedan incluir y aprobar, en sus discusiones, las reivindicaciones relativas a transporte de personal de manera perdurable, fiable y transparente.
  • Destinar fondos públicos al desarrollo de sistemas municipales de transporte escolar para evitar la deserción educativa.
  • Reiniciar la construcción, paralizada por distintos motivos, de los sistemas de transporte masivo como el Metro de Valencia para que finalmente puedan inaugurarse la totalidad de las estaciones previstas en el 2006.

Estas y otras medidas, para ser efectivas, deben ser tomadas en un contexto de normalización institucional. La ausencia tanto de legitimidad democrática como de apego a la constitución vigente resulta perjudicial para la toma de decisiones. No se puede gobernar por decreto, solo puede hacerse con consensos, concertación y discusión pública. Los politólogos carabobeños reiteramos nuestra disposición para colaborar con la nación en nuestro campo de trabajo, estamos al servicio del país y de sus ciudadanos.

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EL PAQUETE DE MADURO

En Venezuela, el vocablo paquete además de su uso normal refirió al conjunto de medidas tomadas en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez para enfrentar las dificultades económicas de la época caracterizada por una inflación estructural que rondaba los dos dígitos bajos, estancamiento económico y la pérdida de reservas internacional que apenas soportaba algo más de un mes de importaciones. El programa de aquel entonces contemplaba reestablecer los equilibrios económicos a través de las siguientes medidas: liberación de los precios de los bienes y servicios regulados a través de controles de precios, liberación de las tasas de interés procurando tasas reales positivas, sinceración de las tarifas de los servicios públicos, por lo general atendidos por el Estado y con tarifas subsidiadas, incremento del precio de la gasolina, reducción del tamaño del estado a través de un programa de privatizaciones de empresas públicas, incrementos de los ingresos del sector público a través de la implantación del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley de Activos empresariales, liberación del mercado cambiario y apertura comercial con la reducción de aranceles y la eliminación de las barreras para-arancelarias. Este conjunto de medidas, junto con la reforma del Estado fue lo que el gobierno de aquel entonces denominó como El Gran Viraje, pero que la población comenzó a llamar el paquete económico (aludiendo a que eran muchas medidas) y a su principal propulsor le dio el mote de Miguel “paquetico” Rodríguez.

Miguel Rodríguez Fandeo

Miguel Rodríguez: Principal promotor del Programa de Ajuste del segundo gobierno de Pérez. Justo cuando se veían los beneficios del Plan, el intento de golpe de Estado terminó sacándolo del gabinete y el programa perdió su efectividad.

A pesar de las dificultades iniciales (el levantamiento popular conocido como “El Caracazo” tuvo como detonante los incrementos del pasaje como consecuencia del incremento del precio de la gasolina, la inflación en primer año alcanzó el 80% anual), el programa tuvo relativo éxito. A los dos años de la puesta en marcha el programa de ajuste la economía crecía y la inflación se reducía, las reservas internacionales se fortalecieron y la venta de la empresa telefónica Cantv se convirtió en un símbolo al venderse a un precio muy superior a las expectativas del momento. Sin embargo, la población se resintió de los efectos iniciales del plan, la desigualdad social se incrementó, muchas empresas quebraron al no poder competir con productos foráneos. Finalmente el intento de golpe de estado y el incremento del riesgo país, elevaron las tasas de interés haciendo imposible la inversión privada, la salida de Miguel Rodríguez del gabinete y finalmente la destitución de Carlos Andrés Pérez terminó con el llamado Gran Viraje.

Ahora con una situación muchísimo más grave que la que diera lugar al Gran Viraje, en plena espiral inflacionaria, que el Fondo Monetario Internacional advierte que pudiera cerrar el año con la cifras de 1.000.000% en los incrementos de precio, con una economía que se ha reducido en más de la mitad en los último cuatro años, una población empobrecida y en fuga, con el país en riesgo de inmovilizarse por los problemas de transporte público, y sin efectivo para poder realizar las operaciones de menudeo, el gobierno decide implementar lo que el eufemísticamente llama “Programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica”.

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Nicolás Maduro, el mandatario del paquetazo.

El conjunto de medidas son las siguientes:

  1. Reconversión monetaria y emisión de un nuevo cono monetario: Medida necesaria en toda economía hiperinflacionaria que tendría dos objetivos: facilitar los cálculos tanto contables como en las operaciones diaria, al reducir los montos de intercambio al eliminar 5 ceros a la moneda y con la emisión de nuevas monedas y billetes aliviar el déficit de efectivo que sufre la población. La medida establece una unidad monetaria mínima con una moneda de valor facial de BsS de 0,5 equivalentes a BsF. 50.000 y un máximo de Bs.S. 500 equivalente a Bs.F. 50.000.000
  2. Las políticas anti-inflacionarias: El intento de equilibrar los precios está contenida en dos propuestas: la primera anclar la emisión de circulante a la cantidad de Petros existentes en la economía mundial y la segunda fortalecer las reservas internacionales a través de la de entregar, a través de Pdvsa, del Bloque Ayacucho II de reservas petroleras certificadas, consistente en 29 mil 298 millones de barriles petroleros certificados.
  3. La política cambiaria: Consiste en la despenalización de la compra de divisas por parte de particulares y empresas.
  4. Estímulo a las inversiones: Con la exención de los impuestos de importación de materias primas, repuestos y bienes de capital.
  5. Política sectorial de transporte: De la cual solo menciona que habrá un censo de vehículos de terrestre y que debe vincularse esta actividad a la tenencia del carnet de la patria.
  6. Incremento del precio de la gasolina.

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Para los actuales momentos nadie sabe los nuevos precios de la gasolina y como va a operar el subsidio.

Examinemos brevemente estas decisiones:

  1. La reconversión monetaria y la emisión de nuevos billetes surge como una decisión absolutamente necesaria para facilitar la contabilidad y los cálculos en las transacciones comerciales. Sin embargo, detrás de esta medida se encuentra un verdadero ajuste, cuando la mínima unidad monetaria será de Bs.S. 0,5, es decir Bs.F. 50.000. Eso en la práctica significaría un incremento en los precios de la gasolina, los servicios públicos y del transporte colectivo al ajustarse a lo mínimo que se puede cobrar, es decir Bs.S, 0,5. De momento el gobierno como medida temporal, ha permitido la existencia del cono monetario vigente, precisamente para evitar el alza desmedida en estos rubros. Por otra parte, los potenciales beneficios de la reconversión, depende del éxito de la política anti-inflacionaria, ya que de no resultar, en pocos meses, estaremos en una situación similar o peor que la que vivimos actualmente.
  2. Anclar la moneda en el Petro, es el intento de realizar una caja de conversión, “similar” a las que permitieron contener la inflación en Argentina o en Nicaragua. Una caja de conversión es un compromiso de emitir solamente la cantidad de dinero respaldada por activos externos, que en esos casos fueron los dólares disponibles en sus respectivas Bancos Centrales. Ahora bien, cuando en Argentina se estableció la caja de conversión, los poseedores de pesos argentinos sabían que tenían un monto equivalente en dólares con el cual podían realizar las operaciones en el mercado internacional. En el caso venezolano, una persona natural al adquirir un bolívar este tendría su equivalencia en petro y a su vez el petro tendría su equivalencia en alguna divisa, esto estaría bien si el gobierno no tuviera control de la emisión de la “Criptomoneda” Petro. Pero al ser el mismo gobierno el emisor, no existe ninguna garantía que el gobierno incremente la emisión de Criptomonedas a fin de seguir monetizando la economía, único mecanismo que el gobierno ha conseguido para pagar sus compromisos internos. Por otra parte, habría que ver hasta qué punto el incremento de las reservas por la entrega de campo petrolero, permitirá al gobierno venezolano generar confianza en los mercados internacional para reducir el índice de riego país y permitir el acceso del gobierno al crédito internacional.
  3. Hasta los momentos ha sido bien recibida por los agentes económicos la despenalización del mercado cambiario. Esto significa que cualquier particular podría acceder a una casa de cambio y cambiar cualquier cantidad de divisas al precio del cambio del día. Sin embargo, hasta el momento todo apunta a un cambio dual de divisas, es decir, unas divisas subsidiadas para las importaciones que el gobierno considere esenciales, y adonde irán a para la mayor parte de las divisas disponibles y un mercado paralelo legal, que en ausencia de oferta de divisa, seguirá incrementándose.
  4. El gobierno yerra al pensar que la ausencia de inversiones en el país ocurre por la creencia de los inversionistas se debe a la poca rentabilidad de la inversión y que por tanto, si esta se abarata reduciendo el pago de importaciones, estas se incrementarían. La realidad es otra, los agentes económicos internacionales no invierten por la ausencia de reglas claras, por la asfixia regulatoria, porque no depende de los empresarios las políticas de precios, distribución, o de retiro de personal, así como la inexistencia de un mercado, dada la abrupta caída del poder de compra de los consumidores venezolanos. En lugar de exenciones impositivas lo que convendría es un amplio programa de libertades económicas, hoy totalmente ausentes.
  5. Con relación al tema del transporte. El problema fundamental es la mengua de unidades de transporte, tanto público como particular, debido al incremento de los costos de los repuestos. En el caso del transporte público las tarifas no cubre los costos, en el caso de los particulares la pérdida del poder adquisitivo es la causa principal. Ante la imposibilidad en el corto plazo de recuperar los salarios reales y de ajustar las tarifas de transporte público, el gobierno opta por la vía del subsidio. En este caso, el censo de vehículos suena como una medida acertada, ya que si bien, el gobierno debe conocer la magnitud del parque automotor, no es de su conocimiento el estado actual de ese parque, es decir cuántos vehículos se encuentran operativos y cuál es la condición de los vehículos en circulación. Sin embargo cuando vinculan el censo a la obligatoriedad de inscribirse en el registro del carnet de la patria, de alguna manera promueve a la autoexclusión de quienes no se sienten identificados con el gobierno y por tanto imposibilitados de los posibles beneficios de un programa de subsidio de vehículos.
  6. La última medida, tomada semanas después de los primeros anuncios, revelan la intención del gobierno de incrementar el precio de la gasolina y ubicarla a valor de los “precios internacionales” pero con un precio subsidiado para aquellos que estén registrado en el carnet de la patria. Por un lado, hay que reconocer la necesidad del ajuste de precio y en principio, en otras circunstancia económicas, sería una medida normal, vender la gasolina a un precio que permita a los gobiernos aprovechar las ganancias para la producción de bienes públicos y a su vez evitar el contrabando. Sin embargo, el gobierno reconoce la imposibilidad de la mayor parte de los venezolanos de poder adquirir la gasolina a precios internacionales y por tanto prefiere generar un sistema dual de precios, el cual traerá como consecuencia, la corrupción en el mercado interno (ya en las fronteras es rutinario), generación de un mercado negro de la gasolina con el consabido riesgo para los comerciantes (manejo de productos altamente volátiles sin las condiciones de seguridad requerida), aumento de la asimetría de información de los consumidores (por ejemplo gasolina mezclada con agua u otros componentes usados para rendir la gasolina). Otro mecanismo sería una compensación por el lado de los ingresos para los poseedores de los vehículos. Es este caso, no hay ninguna garantía que sea utilizado solamente por los poseedores de vehículos o de quien pueda acceder al sistema. En cualquier caso, el sistema tenderá a corromperse.

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La apuesta anti-inflacionaria se encuentra atada al anclaje del Petro, pero lamentablemente, esta variable también puede ser manipulada por un gobierno en apuros financieros.

Conclusión

El “Programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica” no es un programa estructurado para generar los equilibrios económicos, sino por el contrario tiene todas las características de un experimento, sin ninguna garantía de éxito, y que por el contrario, parece incrementar aún más las distorsiones de la economía nacional.

P.S. Este artículo se terminó de escribir el día Viernes, horas antes de que el Presidente Nicolás Maduro anunciara otro conjunto de medidas, que incluye, entre otras cosas, el establecimiento formal de una tasa de cambio valorada a BsS.  60 por Us$,  un salario mínimo de BsS. 180 lo que representa un incremento de 5900%, además de otras medidas de carácter impositivo como reducción de los tiempos pagos anticipados y el incremento del IVA a 16%. La reducción de los tiempos es razonable en períodos de alta inflación, pero por otra parte, la política impositiva luce contradictoria, puesto que por un lado se exime de impuesto a las empresas importadoras y a PDVSA, pero se pecha a los consumidores. Consideramos que el impacto de las políticas sobre los precios, será devastador para las ya empobrecidas finanzas de los venezolanos, tanto por el incremento de los costos debido a la dolarización de hecho de las materias primas, el incremento de los costos laborales y porque el gobierno, al no contar con recursos para pagar sus incrementos se verá obligado a monetizar, inyectado una masa de dinero enorme, que dejará por lo menos en los primeros meses, el efecto esperado del anclaje monetario. No es difícil pronosticar un importante cierre de empresas  y un mayor empobrecimiento de la población, que verá como ese incremento salarial desmejora su calidad de vida y lo lleva a una condición de extrema vulnerabilidad. 

¿CONVIVENCIA CIUDADANA O SALVAVIDAS FINANCIERO?

Me comentaba el profesor Carlos Zambrano que lo que vivimos en Venezuela en estos días quiebra cualquier sistema ético. La razón es fácil deducirla, cualquier estudio de antropología humana sabe que, si bien el ser humano puede ser solidario en ocasiones, al final, siempre tenderá a pensar en su bienestar, o el de las personas cercanas antes que en el bienestar del extraño. Esta situación se incrementa en época de escasez o cuando las posibilidades de satisfacer sus necesidades elementales se vuelven más difíciles de lograr. La tendencia a romper las reglas de juego, en la búsqueda de lo que la gente supone la supervivencia, se puede reflejar en la ausencia de escrúpulos para conseguir un paquete de harina de maíz o un pape toilette a precios regulados, para lo cual no se tiene remilgo en sacar del medio a cualquier adulto mayor que se le atraviese en el camino. Esta conducta tiene una consecuencia lógica. Al romperse una norma, el otro también se siente con derecho a violarla, provocando que cada vez más, la gente haga lo que le viene en gana, porque cree que eso es parte de su libertad.

Una de las muestras de falta de ciudadanía es la desatención a las normas ciudadanas más sencillas.

La convivencia ciudadana supone, que, dentro de un espacio de libertad, la gente debe respetar el derecho de los demás y evitar conductas que ocasiones algún tipo de dañe a un tercero, incluyendo algunas incomodidades como pisar excrementos caninos, propiedad de un vecino que saco su mascota al parque.

En este contexto de anarquía, aparece, la Ley de Convivencia Ciudadana dictada por el Consejo Legislativo del Estado Carabobo, que entró en vigencia en fecha 28 de enero del 2018 y publicada en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria Número 6560. El fin como es común es en principio loable: “establecer las normas de comportamiento cívico, para ser cumplidas por los habitantes y transeúntes del Estado Carabobo, con el fin de fomentar el civismo, la seguridad, la protección vecinal y demás normas que hagan posible la convivencia ciudadana…” es decir, amiga o amigo, viva su vida, pero respete a los demás. Y si no lo hace, existe un gobierno, que va a castigarle para que aprenda.

Hasta aquí, estamos de acuerdo, la norma regula la disposición de desechos sólidos, la realización de necesidades de tipo fisiológicas en lugares públicos, lo referente al comercio sexual y prácticas de este tipo en espacios públicos, normas de tránsito y peatonales, deterioro de bienes públicos o privados, las invasiones a la propiedad privada, la ingesta de alcohol en sitios públicos, contaminación sónica, y el trato con las mascotas. El que quiera conocer los detalles puede leer la ley completa en el portal de Noticiero 52 https://noticiero52.com/texto-completo-la-ley-convivencia-ciudadana-del-estado-carabobo/. Y es de nuestro deseo que la sociedad carabobeña que, a partir del presente estatuto comience a actuar de manera civilizada.

También encontramos un elemento que favorece la implementación de la norma que estamos analizando, y es lo referente al incentivo otorgados a las personas encargadas de hacer cumplir, es decir los funcionarios policiales, quienes se verán beneficiados hasta con el 20% de las multas recaudadas. En una época donde no hay dinero “p´al fresco” porque no hay efectivo, es una manera legal de hacerse un dinerito extra, que con seguridad servirá más que los esmirriados salarios que paga la administración pública.

La Ley de Convivencia Ciudadana del Estado Carabobo prohibe la mendicidad y exhorta a los ciudadanos a pedir apoyo a los organismos públicos para que sean dirigidos a los Centros especializados.

Ahora bien ¿donde está lo malo?: No solo es el ciudadano quien debe acatar unas normas de convivencia ciudadana, que, en nuestro lenguaje coloquial, hemos llamado no hacer lo que le viene en gana. Pero es que tampoco el gobierno puede hacer lo que le viene en gana. En primer lugar, las entidades estatales tienen unas competencias claramente establecidas en el artículo 164 de la Constitución. Esta ley, abarca temas que son competencias nacionales como las reguladas por la Ley de Tránsito Terrestre, así como competencias claramente municipales, como lo referente a la recolección de desechos sólidos y lo referente a los espacios públicos municipales.

Las infracciones de tránsito es la punta del Iceberg de una sociedad que hace “lo que le viene en ganas”.

A pesar de la coletilla con que comienzan varios artículos: “Sin menoscabo de los casos…” habría entonces que determinar, si el infractor comete una falta sancionada por la Ley de Tránsito Terrestre o por una ordenanza municipal, ¿Cuál será la multa que corresponde, la que está amparada por la ley de Convivencia o la otra? ¿Y cuál será el monto a pagar?

No será que, en el fondo, lo que existe es una intención confiscatoria, que, dada la merma de los ingresos reales de la nación y por ende de los situados constitucionales, no será una manera de meterle la mano a los bolsillos de los ciudadanos para equilibrar los presupuestos estadales.

¿Convivencia ciudadana o auxilio financiero para un estado en Bancarrota?

Esperemos que esta ley cumpla los objetivos previstos, y que el gobierno no tenga que verse en la necesidad de imponer multas., ni de pelear con otros entes, por determinar a quién le corresponde el dinero. Que la gente aprenda a comportarse en público. Que no haga lo que le dé la gana, sino que respete las normas de convivencia y que políticamente enfile su accionar ciudadana para evitar que sea el gobierno, quien haga lo que le venga en gana, como ocurre desde el mes de enero de un no tan lejano 1999.

Publicado originalmente en Noticiero 52 https://noticiero52.com/analisis-del-politologo-yvan-serra-convivencia-ciudadana-salvavida-financiero/

LOS PERDEDORES

Con la aprobación del Decreto con rango y valor de ley del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, este señor sale perdiendo.

Dice un viejo refrán que no hay almuerzo gratis, es decir, después de una comilona alguien siempre tiene que pagar la cuenta. Por lo general esto también es  así en políticas públicas y más aún, en una economía como la venezolana, donde escasean los incentivos para la productividad por paradigmas de carácter ideológicos. En esta situación las cabezas de las empresas destinan la mayor parte de esfuerzos pensando en como protegerse, en lugar de dedicarse a incrementar la producción y por tanto el empleo.

No es el caso diferente con la reforma a la Ley del Trabajo decretada por el presidente de la República, luego de una desviada interpretación de un muy servil Tribunal Supremo de Justicia a los deseos del primer mandatario, de la muy cuestionada Ley Habilitante del año 2010. De allí parte la primera irregularidad, el sacar del escenario político natural la discusión de la Ley, que es la Asamblea Nacional, y remitirla a una comisión presidencial, y evitar una real discusión para un nuevo marco laboral en un espíritu de consenso y no de lucha de clases, que solo esta en la cabeza del gobierno.

La falta de discusión de los puntos de la ley, le resta legitimidad, sobre todo, cuando es una materia que afecta los intereses de prácticamente todos los venezolanos, puesto que no existe nadie que de alguna manera no mantenga alguna relación de carácter laboral, bien sea como trabajador dependiente, trabajador no dependiente, empleador o como potencial trabajador o empleador.

Nadie niega que las relaciones laborales deban contar con un marco jurídico rector. Las posibilidades de establecer relaciones que bien pudieran llamarse de explotación, es un riesgo, que los desempleados están en condición de aceptar, si esto le garantiza algunos ingresos mínimos. Pero tampoco hay que crear rigideces que les impida a las empresas crecer y generar mayores empleos. Sobre todo si se comprende que en Venezuela, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, para marzo de este año la tasa de desocupación se encontraba en 7,1%, pero la tasa de ocupados en empleos informales alcanzó el 41,3%. Es decir un total de 48,4% de la población activa en condiciones de desempleo o subempleo.

Sin embargo no vale la pena llorar por la leche derramada, la ley está vigente y los que nos queda es analizar, quien pagará el almuerzo. Si suponemos que son los trabajadores formales quienes se meten la comilona, ¿quien la paga? Los mismos trabajadores, los empresarios, los consumidores o aquellos que se encuentran fuera de la situación laboral formal, entiéndase los desempleados o trabajadores informales. Veamos:

Por un lado los que parecen sacar mayor provecho de la legislación son los trabajadores formales, puesto ellos obtienen todas las ventajas que se les otorga con la nueva legislación. Ahora como es bien sabido, los paquetes salariales están conformados por una parte por una remuneración periódica vía sueldo, salario u honorario y por otra parte por aquellos beneficios derivados de la ley o de las contrataciones colectivas. Si la previsión presupuestaria de las empresas, cuya variable principal es el ingreso por ventas, lleva a destinar parte de estos ingresos a cancelar los compromisos contractuales, puesto que las otras partes están comprometidas en el proceso productivo, la solución para las empresas para ajustarse a las nuevas obligaciones se encuentra en hacer más rígidas las erogaciones para cancelar sueldos y/o salarios. Es decir los trabajadores pagan los beneficios adquiridos a cambio de menores ingresos en el futuro o perdida de salario real.

Pero si no fuera posible mantener estables los sueldos por las exigencias del mercado o de decretos de aumentos salariales compulsivos, la solución estaría en incrementar los ingresos por ventas para aumentar así la disponibilidad de efectivo, para hacer frente a las nuevas exigencias. Pero como se sabe los ingresos por ventas depende a su vez, de dos variables, la cantidad de productos vendidos y el precio de los mismos. En un escenario de estancamiento económico, que ha sido la constante en este país en los últimos treinta años, la solución estaría en el incremento de los precios, con lo cual la ganancia de los trabajadores estaría compensada por una pérdida de los consumidores.

Pero sino fuera posible aumentar los precios, debido a los controles ocasionados por la ley de costos y precios justos, los perdedores se repartirían entre los consumidores por escasez de productos y los trabajadores, puesto que si no logra mantenerse la operatividad de las empresas, el resultado final sería la perdida de puestos de trabajo.

También es posible que los montos a derogar por las empresas, salgan de las utilidades de las empresas. Esto no sería ningún problema, si no fuera por el hecho que las nuevas inversiones por lo general surgen de las ganancias de las empresas. El verdadero problema de fondo en Venezuela desde hace más de treinta años, ha sido la parálisis de las inversiones y precisamente, esta no es una ley que la promueva.

Pero los que realmente pierden son aquellos que se encuentran excluidos del decreto con rango y fuerza de ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadores, es decir y perdonen la cacofonía, los que no son trabajadores o trabajadoras amparados en una situación de empleo formal. Con el cerco legal que sufren las empresas, poco son los incentivos para la inversión y por tanto, se hace aún más difícil, que los que actualmente se encuentran desfavorecidos mejoren su situación, ingresando al mercado formal de trabajo.

Leo la norma, y parece obvio que no se cumple el principio de compensación de Kaldor – Hicks a la hora de implantar una política pública: Que los ganadores puedan compensar a los perdedores, sencillamente en esta norma, son pocos los  ganadores y si, muchos los perdedores.

Será que en algún momento, cambiará la mentalidad paternalista de nuestros gobernantes y se entenderá que no será con nuevas leyes o controles que se mejorará la situación de los trabajadores, sino con crecimiento en una economía diversificada  con bases reales y libertad económica, esa que desde hace algún tiempo, no existe en Venezuela.