LOS PERDEDORES

Con la aprobación del Decreto con rango y valor de ley del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, este señor sale perdiendo.

Dice un viejo refrán que no hay almuerzo gratis, es decir, después de una comilona alguien siempre tiene que pagar la cuenta. Por lo general esto también es  así en políticas públicas y más aún, en una economía como la venezolana, donde escasean los incentivos para la productividad por paradigmas de carácter ideológicos. En esta situación las cabezas de las empresas destinan la mayor parte de esfuerzos pensando en como protegerse, en lugar de dedicarse a incrementar la producción y por tanto el empleo.

No es el caso diferente con la reforma a la Ley del Trabajo decretada por el presidente de la República, luego de una desviada interpretación de un muy servil Tribunal Supremo de Justicia a los deseos del primer mandatario, de la muy cuestionada Ley Habilitante del año 2010. De allí parte la primera irregularidad, el sacar del escenario político natural la discusión de la Ley, que es la Asamblea Nacional, y remitirla a una comisión presidencial, y evitar una real discusión para un nuevo marco laboral en un espíritu de consenso y no de lucha de clases, que solo esta en la cabeza del gobierno.

La falta de discusión de los puntos de la ley, le resta legitimidad, sobre todo, cuando es una materia que afecta los intereses de prácticamente todos los venezolanos, puesto que no existe nadie que de alguna manera no mantenga alguna relación de carácter laboral, bien sea como trabajador dependiente, trabajador no dependiente, empleador o como potencial trabajador o empleador.

Nadie niega que las relaciones laborales deban contar con un marco jurídico rector. Las posibilidades de establecer relaciones que bien pudieran llamarse de explotación, es un riesgo, que los desempleados están en condición de aceptar, si esto le garantiza algunos ingresos mínimos. Pero tampoco hay que crear rigideces que les impida a las empresas crecer y generar mayores empleos. Sobre todo si se comprende que en Venezuela, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, para marzo de este año la tasa de desocupación se encontraba en 7,1%, pero la tasa de ocupados en empleos informales alcanzó el 41,3%. Es decir un total de 48,4% de la población activa en condiciones de desempleo o subempleo.

Sin embargo no vale la pena llorar por la leche derramada, la ley está vigente y los que nos queda es analizar, quien pagará el almuerzo. Si suponemos que son los trabajadores formales quienes se meten la comilona, ¿quien la paga? Los mismos trabajadores, los empresarios, los consumidores o aquellos que se encuentran fuera de la situación laboral formal, entiéndase los desempleados o trabajadores informales. Veamos:

Por un lado los que parecen sacar mayor provecho de la legislación son los trabajadores formales, puesto ellos obtienen todas las ventajas que se les otorga con la nueva legislación. Ahora como es bien sabido, los paquetes salariales están conformados por una parte por una remuneración periódica vía sueldo, salario u honorario y por otra parte por aquellos beneficios derivados de la ley o de las contrataciones colectivas. Si la previsión presupuestaria de las empresas, cuya variable principal es el ingreso por ventas, lleva a destinar parte de estos ingresos a cancelar los compromisos contractuales, puesto que las otras partes están comprometidas en el proceso productivo, la solución para las empresas para ajustarse a las nuevas obligaciones se encuentra en hacer más rígidas las erogaciones para cancelar sueldos y/o salarios. Es decir los trabajadores pagan los beneficios adquiridos a cambio de menores ingresos en el futuro o perdida de salario real.

Pero si no fuera posible mantener estables los sueldos por las exigencias del mercado o de decretos de aumentos salariales compulsivos, la solución estaría en incrementar los ingresos por ventas para aumentar así la disponibilidad de efectivo, para hacer frente a las nuevas exigencias. Pero como se sabe los ingresos por ventas depende a su vez, de dos variables, la cantidad de productos vendidos y el precio de los mismos. En un escenario de estancamiento económico, que ha sido la constante en este país en los últimos treinta años, la solución estaría en el incremento de los precios, con lo cual la ganancia de los trabajadores estaría compensada por una pérdida de los consumidores.

Pero sino fuera posible aumentar los precios, debido a los controles ocasionados por la ley de costos y precios justos, los perdedores se repartirían entre los consumidores por escasez de productos y los trabajadores, puesto que si no logra mantenerse la operatividad de las empresas, el resultado final sería la perdida de puestos de trabajo.

También es posible que los montos a derogar por las empresas, salgan de las utilidades de las empresas. Esto no sería ningún problema, si no fuera por el hecho que las nuevas inversiones por lo general surgen de las ganancias de las empresas. El verdadero problema de fondo en Venezuela desde hace más de treinta años, ha sido la parálisis de las inversiones y precisamente, esta no es una ley que la promueva.

Pero los que realmente pierden son aquellos que se encuentran excluidos del decreto con rango y fuerza de ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadores, es decir y perdonen la cacofonía, los que no son trabajadores o trabajadoras amparados en una situación de empleo formal. Con el cerco legal que sufren las empresas, poco son los incentivos para la inversión y por tanto, se hace aún más difícil, que los que actualmente se encuentran desfavorecidos mejoren su situación, ingresando al mercado formal de trabajo.

Leo la norma, y parece obvio que no se cumple el principio de compensación de Kaldor – Hicks a la hora de implantar una política pública: Que los ganadores puedan compensar a los perdedores, sencillamente en esta norma, son pocos los  ganadores y si, muchos los perdedores.

Será que en algún momento, cambiará la mentalidad paternalista de nuestros gobernantes y se entenderá que no será con nuevas leyes o controles que se mejorará la situación de los trabajadores, sino con crecimiento en una economía diversificada  con bases reales y libertad económica, esa que desde hace algún tiempo, no existe en Venezuela.

Anuncios

Acerca de yvanserra
Director Ejecutivo de METROPINION, empresa dedicada a la Investigación de Mercado y a los Estudios de Opinión Pública. Es politólogo graduado en la Universidad Central de Venezuela con Máster de Administración en el I.E.S.A. Colaborador del Diario El Carabobeño y el semanario ABC de la Semana y profesor de Pre y Post grado de las Cátedras de Teoría Política, Políticas Públicas, Investigación Política y Planificación Estratégica en diferentes universidades del País. Desarrolló una interesante carrera en la gerencia pública desde el año 1991 hasta el año 2004 como Director General Sectorial de Financiamiento Multilateral en Cordiplan, Director General de Planificación y Director de Modernización Educativa en el Gobierno de Carabobo y Director de Inversiones en el Ministerio de Industria y Comercio. A partir del año 2004 crea la empresa Metropinión, C.A, Dedicada a la investigación de mercado y estudios de Opinión Pública, actividad que comparte con la asesoría estratégica en campañas electorales y de comunicación política. Su Blog "El Periscopio de Yván Serra" fue acreedor de un premio Polity Awards por su contribución a la comunidad digital y ha sido reconocido por el Gobierno de Carabobo por sus artículos de opinión en el año 2010 y 2011.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: